La dura realidad economica apaga el sueño de la expansion verde ilimitada.
El espejismo de la expansión infinita
Durante casi una década, la multinacional italiana Enel fue el niño mimado de la transición energética global. Bajo la batuta de su anterior consejero delegado, Francesco Starace, la compañía se embarcó en una cruzada planetaria para abanderar la descarbonización. Compraban distribuidoras, levantaban parques eólicos en desiertos remotos y prometían un futuro donde la electricidad limpia fluiría sin fricciones. Enel no era solo una empresa de servicios públicos; era el estandarte de un nuevo capitalismo verde que pretendía demostrar que se podía salvar el planeta mientras se llenaban las arcas de los inversores. Sin embargo, detrás de la narrativa de sostenibilidad y los discursos en foros internacionales, se estaba gestando una tormenta perfecta de apalancamiento financiero y abandono operativo.
La realidad es terca, y el dinero, cuando empieza a encarecerse, no entiende de poesía ecológica. La agresiva expansión de Enel se financió con dinero barato, una droga monetaria que parecía inagotable hasta que la inflación y la guerra en Ucrania despertaron a los bancos centrales. De la noche a la mañana, la colosal montaña de deuda acumulada por el grupo se convirtió en una soga que amenazaba con asfixiarlo. La caída de Enel no ha sido un colapso repentino al estilo de Lehman Brothers, sino un repliegue doloroso, una amputación programada de sus miembros más valiosos para evitar la bancarrota. Y en ese proceso de supervivencia corporativa, los platos rotos los han terminado pagando los usuarios de miles de kilómetros de distancia, atrapados en apagones interminables en las periferias de São Paulo y Santiago de Chile.
La soga de los 70.000 millones: el origen de la asfixia financiera
Para entender las dimensiones de la crisis, hay que mirar directamente al balance. A finales de 2022, la deuda financiera neta de Enel tocó un máximo histórico de casi 70.000 millones de euros. Una cifra astronómica que encendió todas las alarmas en las agencias de calificación de riesgo. Si Enel perdía su grado de inversión, el coste de refinanciar esa deuda se habría disparado a niveles insostenibles, arrastrando no solo a la empresa, sino comprometiendo la estabilidad financiera del propio Estado italiano, que posee una participación del 23,6% en la eléctrica.
La combinación de factores fue letal. Por un lado, la sequía histórica en Europa redujo drásticamente la generación hidroeléctrica, obligando a la empresa a comprar gas a precios desorbitados en el mercado spot para cumplir con sus contratos de suministro. Por otro, los gobiernos europeos impusieron topes a las tarifas y gravámenes a los beneficios caídos del cielo para proteger a los consumidores de la crisis energética, limitando el margen de maniobra de la compañía. Con los tipos de interés subiendo a un ritmo sin precedentes por parte del Banco Central Europeo, la estrategia de crecer a golpe de talonario se reveló como un camino directo al abismo. Enel se había convertido en un gigante con pies de barro, obligado a destinar una parte cada vez mayor de sus flujos de caja simplemente a pagar los intereses de su deuda.
La respuesta política no se hizo esperar. El gobierno de derechas de Giorgia Meloni forzó la salida de Starace en mayo de 2023 y colocó a Flavio Cattaneo, un gestor conocido por su perfil pragmático y su habilidad para recortar costes, al frente de la compañía. La orden era clara: detener la hemorragia, reducir la deuda a toda costa y replegarse a los mercados donde el retorno financiero fuera inmediato y seguro. La era del romanticismo verde había terminado; comenzaba la era del torniquete financiero.
La gran liquidación: desmantelar el imperio para pagar las facturas
Cattaneo heredó un plan de desinversión de 21.000 millones de euros que ejecutó con la frialdad de un cirujano de guerra. Enel inició una retirada masiva de múltiples geografías que antes consideraba estratégicas. Vendió sus operaciones en Rumanía al grupo griego PPC, se deshizo de sus activos de generación en Argentina y puso el cartel de se vende a sus joyas de la corona en Perú.
La venta de los activos en Perú fue, quizás, el movimiento más significativo y polémico de esta fase de repliegue. En junio de 2024, Enel completó la transferencia de su negocio de distribución y de Enel X en el país andino a la estatal china China Southern Power Grid por la impresionante suma de 3.100 millones de dólares. Aunque la transacción fue un balón de oxígeno crucial para reducir la deuda consolidada del grupo, encendió las alertas geopolíticas en la región. Con esta adquisición, empresas estatales chinas pasaron a controlar la totalidad de la distribución eléctrica de Lima, la capital del país, consolidando la creciente influencia de Pekín sobre la infraestructura crítica de América Latina. Para Enel, sin embargo, las implicaciones geopolíticas eran un problema secundario; lo único que importaba era que el dinero entrara en la caja para calmar a los mercados de bonos de Milán.
El costo humano del ahorro: América Latina a oscuras
Reducir la deuda mediante la venta de filiales es una estrategia financiera limpia sobre el papel, pero optimizar los costes operativos en las filiales que decides conservar suele tener consecuencias devastadoras sobre el terreno. Para presentar números atractivos a los inversores, Enel aplicó una política de austeridad extrema en la gestión de sus redes de distribución en América Latina, un territorio que históricamente le había reportado enormes beneficios pero que ahora sufría el impacto de la falta de inversión y el recorte de personal.
El colapso de São Paulo: días de vela y pérdidas millonarias
El caso de São Paulo, la mayor metrópoli de Sudamérica, es el ejemplo más flagrante de cómo la búsqueda de la eficiencia financiera puede derivar en una catástrofe de servicio público. Tras adquirir la distribuidora local AES Eletropaulo en 2018, Enel aplicó su manual clásico: reducción drástica de la plantilla propia, externalización masiva de los servicios de mantenimiento y centralización de la toma de decisiones. Entre 2019 y 2023, la empresa redujo casi a la mitad su personal técnico directo en la ciudad.
Las consecuencias de esta política de tierra quemada operativa se hicieron evidentes cuando los fenómenos climáticos extremos, cada vez más frecuentes, golpearon la región. A finales de 2023, en 2024 y nuevamente en una crisis severa a finales de 2025, tormentas de viento y lluvia derribaron árboles sobre el tendido eléctrico aéreo de São Paulo. Lo que en condiciones normales habría sido una emergencia manejable se convirtió en una pesadilla que duró días. Más de dos millones de usuarios se quedaron sin luz en cada uno de estos episodios. Los comercios perdieron toneladas de alimentos, los hospitales operaron al límite con generadores y miles de familias pasaron hasta una semana a oscuras.
Los datos oficiales presentados por el regulador brasileño Aneel revelaron que el tiempo medio de respuesta de Enel ante emergencias en São Paulo aumentó de 9 horas en 2019 a más de 12 horas. La falta de cuadrillas propias y la dependencia de subcontratistas mal pagados y sin experiencia impidieron una reacción rápida. La indignación social fue tal que se organizaron cacerolazos en los barrios acomodados y protestas con barricadas en las favelas, mientras el alcalde de la ciudad y el gobierno federal exigían la rescisión inmediata del contrato de concesión de la multinacional italiana.
Santiago de Chile y la amenaza del fin de la concesión
El escenario en Chile no fue muy distinto. En agosto de 2024, un sistema frontal con vientos que superaron los 120 kilómetros por hora azotó la zona central del país, derribando postes y dejando más de doce kilómetros de líneas de media tensión en el suelo. Cientos de miles de hogares en Santiago quedaron sin suministro eléctrico, algunos de ellos por más de diez días consecutivos.
La respuesta de Enel Chile fue calificada de errática, lenta e indolente por las autoridades locales. La empresa no solo fue incapaz de reponer el servicio en plazos razonables, sino que sus canales de atención al cliente colapsaron por completo, dejando a los usuarios en un vacío de información desesperante. La crisis escaló a nivel diplomático. El presidente chileno, Gabriel Boric, instruyó públicamente a su ministro de Energía para iniciar el proceso de revisión de la concesión de distribución de Enel, una medida extrema que equivaldría a expulsar a la compañía del país. Boric llegó a calificar la gestión de la empresa como de una falta de respeto inaceptable hacia los ciudadanos.
Para intentar contener el desastre reputacional, el embajador chileno en Roma tuvo que contactar directamente a la matriz en Italia. Aunque la concesión finalmente no fue revocada de inmediato debido a la complejidad legal y financiera que implicaría para el Estado hacerse cargo de la red, Enel fue sancionada con multas históricas de miles de millones de pesos y obligada a pagar compensaciones directas a los clientes afectados. El daño a la marca, sin embargo, ya era irreversible: Enel pasó de ser vista como el motor de la modernización energética a convertirse en el símbolo de la negligencia corporativa.
El laberinto regulatorio: multas y manipulación en Colombia
La crisis operativa y reputacional de Enel no se limitó a los problemas de distribución provocados por el clima. En Colombia, donde la compañía controla una parte sustancial de la generación y distribución a través de Enel Colombia, las tensiones con el gobierno y los organismos de control alcanzaron un punto crítico en abril de 2026.
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios impuso una severa multa de 2.847 millones de pesos a la empresa tras hallar evidencias de maniobras destinadas a distorsionar los precios de la energía en la bolsa eléctrica nacional. Según la investigación técnica, Enel retuvo deliberadamente capacidad de generación barata para forzar la entrada de plantas térmicas más costosas en el sistema de despacho, lo que provocó un incremento artificial de las tarifas para los usuarios finales en un momento en que el país ya lidiaba con presiones inflacionarias. Esta sanción no solo golpeó las finanzas de la filial colombiana, sino que alimentó la narrativa del presidente Gustavo Petro de que el modelo de servicios públicos privatizados está diseñado para exprimir a los ciudadanos en beneficio de las multinacionales, estrechando aún más el cerco regulatorio sobre la compañía.
¿Salvación financiera a costa del servicio público?
El drama de Enel plantea una pregunta incómoda pero necesaria para el futuro de la infraestructura crítica en todo el mundo: ¿es compatible la gestión privada de un servicio esencial como la electricidad con las exigencias de rentabilidad y reducción de deuda a corto plazo de los mercados financieros?
Bajo la dirección de Flavio Cattaneo, Enel ha logrado estabilizar sus números. En febrero de 2026, durante la presentación de su Plan Estratégico 2026-2028, el consejero delegado mostró con orgullo un balance saneado: el EBITDA ordinario del grupo subió a 22.900 millones de euros en 2025 y la deuda neta se redujo significativamente, situándose en niveles mucho más manejables en torno a los 50.000 millones de euros. Cattaneo anunció una inversión de 53.000 millones de euros para los próximos tres años, pero con un cambio de enfoque radical respecto a la era Starace. El 60% de ese capital se destinará a las redes de distribución, pero concentrado casi exclusivamente en Italia y España, donde los marcos regulatorios son predecibles y garantizan tarifas estables que protegen la inversión.
Para los inversores de la Bolsa de Milán, la gestión de Cattaneo ha sido un éxito rotundo. Las acciones de Enel se han recuperado y la rentabilidad por dividendo ha aumentado. Sin embargo, este saneamiento financiero se ha logrado mediante un repliegue estratégico que ha dejado desprotegidos a los usuarios de los países en desarrollo. Al recortar presupuestos de mantenimiento, reducir cuadrillas técnicas y vender activos de distribución en América Latina, Enel ha trasladado el coste de su reestructuración financiera a los ciudadanos de São Paulo, Santiago y Bogotá, quienes ahora deben convivir con una infraestructura eléctrica más vulnerable ante el cambio climático.
El caso de Enel demuestra que la transición energética no es un camino lineal y armonioso. Cuando las grandes corporaciones se sobreendeudan en épocas de dinero fácil, la posterior resaca financiera suele pagarse con apagones en los hogares de quienes menos tienen. La reconstrucción de la confianza en las redes eléctricas de distribución requerirá algo más que planes estratégicos diseñados en despachos de Milán; exigirá que los gobiernos latinoamericanos dejen de ser meros espectadores y ejerzan un control regulatorio estricto sobre unas multinacionales que, cuando el agua les llega al cuello, siempre priorizan salvar su calificación crediticia antes que mantener las luces encendidas.
Preguntas Frecuentes (FAQs)
¿Por qué se endeudó tanto Enel en primer lugar?
El endeudamiento de Enel fue el resultado de una agresiva estrategia de expansión global y adquisición de activos de energía renovable bajo la administración de Francesco Starace. A esto se sumó la crisis energética europea derivada de la guerra en Ucrania, sequías extremas que mermaron la generación hidroeléctrica y la posterior subida de los tipos de interés, lo que encareció enormemente el coste de refinanciar una deuda que llegó a rozar los 70.000 millones de euros en 2022.
¿En qué consistió el plan de desinversión de Enel?
Para reducir su deuda y evitar una rebaja en su calificación crediticia, Enel lanzó un plan de desinversión de 21.000 millones de euros. Este plan implicó la salida total de mercados como Rumanía, Argentina y Perú, además de la venta de activos no estratégicos en otros países, permitiendo al grupo concentrarse en seis mercados clave: Italia, España, Estados Unidos, Brasil, Chile y Colombia.
¿Por qué se produjeron los masivos apagones en São Paulo y Santiago?
Los apagones prolongados fueron consecuencia de una política de reducción drástica de costes operativos implementada por Enel para mejorar sus márgenes financieros. Esto incluyó el despido de personal técnico propio y la subcontratación masiva de servicios de mantenimiento. Al golpear tormentas severas estas ciudades, la falta de personal calificado y recursos operativos impidió restablecer el servicio eléctrico con rapidez, dejando a millones de personas sin luz durante días.
¿Qué medidas han tomado los gobiernos de América Latina frente a Enel?
La respuesta estatal ha sido severa. En Chile, el gobierno de Gabriel Boric inició un proceso formal de revisión que amenazó con revocar la concesión de distribución de Enel. En Brasil, el regulador Aneel y las autoridades locales han impuesto multas multimillonarias y presionado para rescindir el contrato en São Paulo. Por su parte, en Colombia, la Superintendencia de Servicios Públicos multó a la empresa en 2026 por manipulación de precios en el mercado de energía.
